El Reconocimiento que Cuesta el Futuro de Salamina
En medio de un escenario donde la transparencia debería ser la norma y no la excepción, la Alcaldía de Salamina ha optado por un camino distinto: el del espectáculo político, la autopromoción interesada y la instrumentalización de instituciones públicas para fines electorales. Lo que esta semana se presentó como un “reconocimiento al excelente desempeño del alcalde” no es más que un sainete bien ensayado, una puesta en escena cuidadosamente orquestada por la oficina de publicidad municipal y sus aliados en el Congreso. Pero detrás de las sonrisas en la foto y las medallas brillantes, late una realidad mucho más oscura: una gestión que acumula déficits en transparencia, infraestructura, planificación y atención a los sectores más vulnerables.
Este artículo no busca atacar personas, sino denunciar prácticas. No pretende difamar, sino exigir cuentas. Y lo hace con la firmeza que merece una ciudadanía que ha sido sistemáticamente ignorada, manipulada o silenciada mediante estrategias de comunicación pagadas y redes sociales artificialmente infladas. La crítica que aquí se presenta es respetuosa, sí, pero también categórica: lo que ocurre en Salamina no es un error administrativo, es un patrón deliberado de mal gobierno.
El espejismo de la “excelente labor”
¿En qué se basa la afirmación de que la labor del alcalde es “excelente”? ¿Qué métricas, qué indicadores, qué evaluaciones independientes sustentan tal reconocimiento? La respuesta es inquietante: ninguna. Por el contrario, los datos oficiales desmienten rotundamente esa narrativa triunfalista. El Índice de Desempeño Fiscal del Departamento Nacional de Planeación sitúa a Salamina en el puesto 22 entre 27 municipios del departamento de Caldas. Esto no es una opinión: es un hecho. Y los hechos, por incómodos que sean, no se pueden maquillar con medallas ni con fotos en el Congreso.
La transparencia, pilar fundamental de toda administración democrática, brilla por su ausencia. La página web oficial de la Alcaldía carece de información actualizada, lo que obstaculiza el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gastan sus impuestos. Peor aún: la contratación directa —una figura que debe usarse con extrema cautela— se ha convertido en un mecanismo recurrente para favorecer a allegados del régimen. Dos ejemplos recientes, ambos registrados en el SECOP, ilustran con crudeza esta práctica.
Contratos a la medida del poder
El contrato CD-CPS-106-2025, por valor de 15 millones de pesos, fue adjudicado a Oscar Alonso Gómez Arias para “prestar servicios de apoyo a la gestión en cuencas rurales y abasto”. Sin embargo, una de sus obligaciones —la número seis— consiste en “apoyar actividades culturales, artísticas y logísticas del bicentenario”. ¿Dónde está la unidad de materia? ¿Cómo se justifica que un contrato técnico incluya tareas de animación festiva? La ley 80 de 1993 es clara: los contratos de prestación de servicios con personas naturales solo son válidos si requieren conocimientos especializados que el personal de planta no posee. ¿Acredita el señor Gómez Arias experiencia en hidrología, gestión de cuencas o sistemas de acueducto rural? No hay evidencia pública de ello. Lo que sí es público es su perfil como locutor. ¿Será que este contrato es, en realidad, una recompensa disfrazada?
Peor aún es el caso del contrato CD-CPS-051-2025, firmado con Juan David Cardona —conocido como “Pimbi”—, por un valor inicial de 24 millones, ampliado luego a 36 millones. Su objeto es tan vago como conveniente: “relacionamiento estratégico con entidades del Estado”. Sus logros, según el propio documento, incluyen “generar conocimiento organizacional” y “dejar insumos y lecciones aprendidas”. En otras palabras: no hay resultados concretos, solo retórica burocrática. Los pagos mensuales de 4 millones se justifican con actividades que, según sus redes sociales, ocurren en Bogotá, lejos de las necesidades reales de Salamina. ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Quién supervisa que estos recursos no se dilapidan en viajes sin propósito?
Ambos contratos están bajo la supervisión de la Oficina de Planeación, lo que plantea serias dudas sobre la independencia y rigor de dicha dependencia. Estos no son casos aislados; son síntomas de un sistema que premia la lealtad política por encima de la competencia técnica.
Infraestructura en ruinas, ancianos abandonados
Mientras se gastan millones en fiestas del bicentenario —cuyo impacto económico real es cuestionable—, la infraestructura básica del municipio se desmorona. La carretera hacia Aranzazu sigue en el mismo estado de abandono, sin que se observe una gestión coordinada con el gobierno departamental. Las pocas vías repavimentadas lo han sido gracias a Empocaldas, no a la iniciativa del alcalde, y solo como consecuencia de fugas en el acueducto. Es decir: se arreglan calles no por planificación, sino por emergencia.
Tampoco se ha avanzado en la reapertura del matadero municipal, cuya operación está pendiente del visto bueno del INVIMA desde hace meses. Esta demora afecta directamente a ganaderos y pequeños productores, cuyas quejas se suman a un creciente malestar rural.
Y en medio de todo esto, la población adulta mayor —uno de los sectores más vulnerables— es relegada a la caridad privada. Se argumenta que el asilo es manejado por una fundación, como si eso eximiera al alcalde de su responsabilidad ética y política. Los adultos mayores no necesitan rifas ni donaciones esporádicas; requieren programas estructurados, sostenibles y dignos. La indiferencia oficial es inaceptable.
La farsa electoral detrás de la medalla
Lo más inquietante de este episodio no es la condecoración en sí, sino su contexto político. Es de conocimiento público que Octavio Cardona, el congresista que impulsó el reconocimiento, busca una curul al Senado en 2026 con la fórmula de María Eugenia Lopera, quien casualmente también firmó la proposición. La coincidencia es demasiado evidente para ser inocente. Esta medalla no es un homenaje; es una inversión electoral. Es el primer acto de una campaña que ya utiliza servidores públicos, recursos municipales y eventos oficiales como plataforma de promoción personal.
Pronto veremos —como ya ha ocurrido en otros municipios— caravanas por las veredas, entrega selectiva de materiales y apariciones mediáticas orquestadas. Las viejas prácticas del clientelismo están de regreso, ahora disfrazadas de “gestión exitosa”.
La ausencia del defensor del pueblo
Mientras tanto, el Personero Municipal, Mateo Díaz Andrade, permanece ausente los sábados, justo cuando los campesinos tienen oportunidad de acudir a la ciudad a realizar trámites. Su función es defender los derechos humanos y velar por el interés general, pero su inasistencia sistemática sugiere lo contrario. Peor aún: su historial incluye una sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas que anuló su elección como Personero en Riosucio, además de una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría por “omisión efectiva en el ejercicio funcional”. ¿Cómo puede un funcionario con estos antecedentes ejercer con credibilidad en Salamina?
Conclusión: la verdadera evaluación la hace el pueblo
Las redes sociales pagadas pueden crear una ilusión de apoyo, pero la verdadera evaluación la hace el ciudadano de a pie: el campesino que no tiene acceso a vías dignas, el adulto mayor que depende de la caridad, el contribuyente que ve cómo sus impuestos se gastan en espectáculos en vez de soluciones. Esa evaluación no es “excelente”; es profundamente crítica.
Salamina merece más que medallas vacías. Merece transparencia, planificación, equidad y respeto. Y si los actuales gobernantes no están dispuestos a ofrecerlo, es deber de la ciudadanía exigirlo —con firmeza, con respeto, pero sin miedo.