Presuntos contratos a dedo, opacidad y sobrecostos: Salamina bajo lupa ciudadana
Mientras Salamina conmemora su bicentenario y proyecta eventos culturales, en la administración municipal se consolidan patrones preocupantes de contratación pública que ameritan una revisión urgente por parte de los entes de control y la ciudadanía. Una revisión detallada de los contratos publicados en el SECOP revela una concentración reiterada de adjudicaciones en manos de dos oferentes: la ONG CODERESA y el proveedor Juan Camilo Arroyave Giraldo. Lo que a primera vista parecen contrataciones rutinarias, al ser analizadas con lupa, evidencian presuntas irregularidades, sobrecostos y violaciones a principios fundamentales de la contratación estatal.
La figura de la “mínima cuantía” —que permite adjudicaciones directas sin licitación— ha sido utilizada sistemáticamente para asignar contratos a CODERESA y Arroyave, quienes aparecen como únicos oferentes o en procesos con competencia limitada. Ambos suministran bienes y servicios de diversa índole: desde carpas y elementos lúdicos hasta ferretería, aseo, mobiliario y logística para eventos. Esta diversidad plantea dudas sobre su idoneidad técnica y operativa, y sobre la existencia de una competencia real en el municipio.
Varios contratos presentan entre 4 y 10 modificaciones, algunas sin divulgación en el SECOP. Por ejemplo, el contrato MINC-015-2025, adjudicado a CODERESA por $39.858.000 para apoyo logístico en eventos culturales, fue modificado nueve veces, incluyendo una adición de $10 millones. Otro contrato similar, para actividades con víctimas del conflicto armado, también fue modificado diez veces. Estas alteraciones reiteradas, sin justificación pública ni trazabilidad clara, vulneran el principio de planeación y transparencia, y podrían estar encubriendo ajustes a conveniencia del contratista.
Dos contratos de ferretería, ambos por $39.398.400, fueron adjudicados a Arroyave en fechas cercanas, con objetos similares y sin evidencia de liquidación del primero. Esta duplicidad sugiere fraccionamiento, una práctica sancionable que busca evadir controles más rigurosos como la licitación pública. Además, los oferentes asociados —como “Amoblarte” y “Ferremya”— no parecen tener idoneidad técnica para suministrar materiales de construcción, lo que refuerza la sospecha de simulación de competencia.
Uno de los contratos más llamativos es la adquisición de un dron adjudicado a Juan Camilo Arroyave por más de $20 millones. Según averiguaciones realizadas con importadores legales, el mismo modelo no supera los $10 millones en el mercado. Esta diferencia de precio, sin justificación técnica ni estudio de mercado publicado, podría constituir un caso de sobrecostos o sobrevaloración, afectando directamente el uso eficiente de los recursos públicos.
La contratación pública en Salamina no puede seguir siendo territorio de unos pocos. El uso de recursos públicos exige transparencia, pluralidad y eficiencia. La ciudadanía no debe conformarse con anuncios ni cifras millonarias sin respaldo técnico. Lo que está en juego no es solo el presupuesto, sino la confianza institucional y el respeto por la ley.
Sentencia judicial y dignidad comunitaria: San Félix exige cumplimiento, no propaganda
La sentencia en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Caldas no es un gesto político ni una concesión administrativa: es una orden judicial clara, categórica y vinculante. El fallo reconoce que la comunidad de San Félix, históricamente marginada en la distribución de recursos y en la ejecución de obras públicas, tiene derecho a contar con infraestructura digna, funcional y al servicio de sus habitantes. No se trata de una promesa de campaña ni de una obra “regalada” por la administración municipal: se trata del cumplimiento de un deber legal, derivado de una acción popular legítimamente ganada por la ciudadanía.
El documento judicial establece que la administración municipal debe ejecutar la segunda fase del Centro Administrativo, Cultural y Deportivo de San Félix, garantizando que cada espacio —desde los salones hasta la estética del lugar— esté destinado al uso comunitario. La sentencia no deja lugar a interpretaciones: su incumplimiento acarrearía consecuencias legales graves, incluyendo sanciones por desacato. En este contexto, cualquier intento de maquillar la ejecución como un logro personal del alcalde o como una dádiva institucional constituye una falta ética y una distorsión de la verdad.
La ciudadanía de San Félix ha demostrado que la movilización jurídica y comunitaria puede revertir años de abandono. El fallo también menciona el caso del estadio, otro espacio público que recibió sentencia favorable, lo que refuerza la legitimidad de las demandas locales. No estamos ante una administración que “concede”, sino ante una comunidad que “exige” y que ha logrado que la justicia reconozca sus derechos.
Por eso, resulta inadmisible que la administración municipal pretenda capitalizar políticamente lo que es, en esencia, una obligación legal. Las inversiones con recursos públicos —incluidas las regalías— no son regalos ni gestos de buena voluntad: son instrumentos del Estado para garantizar equidad territorial. La comunidad no puede aceptar que se presenten cifras millonarias sin rendición de cuentas, ni que se inauguren obras sin mencionar que fueron ordenadas por un juez.
San Félix no está pidiendo más de lo que le corresponde: está exigiendo que se cumpla lo que ya fue reconocido por la justicia. Y lo hace con la frente en alto, con la sentencia en la mano y con la convicción de que los derechos no se negocian, se ejercen.
Un comentario
Es el momento de iniciar Auditorias en todas las licitaciones y contratos donde ahi sobre costos sin control alguno aumentan las cifras favoreciendo a terceros y obvio por algo se pelean por llegar al Palacio Rosado como pretenden hacerlo nuevamente lo malo es que en estos contratos se ofrecen coimas para nadie es ajeno claro por este motivo la maquinaria del liberalismo actual no suelta esa esa corona esto no es de ahora desde Administraciones anteriores cuantos se libraron de ser condenados por hacer parte del Cartel de las Marionetas lideradas por el ya fallecido Mario Castaño con la muerte del jefe de las Marionetas donde los contratos beneficiaron a ciertos mandatarios desviando recursos propios y del Herario público sin que nadie se atreviera a denunciar porque primero estaba la corrupción que aún continua o sino investiguen cuantos salen señalados y no pasa nada